Desde 2009, cada 30 de octubre se conmemora el Día del Ejecutado Político en Chile. La fecha constituyó un gesto político del primer gobierno de Bachelet hacia los familiares de ejecutados políticos. Sin embargo, el gesto necesario que debe hacerse es el cierre del Penal de Punta Peuco que cobija a ex militares responsables de crímenes de lesa humanidad, y su transferencia a una cárcel común. Constituye una ignominia para todo el país que, mientras los mapuches son encarcelados en recintos comunes por luchar por sus tierras, a los criminales que asesinaron, torturaron y desaparecieron a luchadores sociales en dictadura los tengan en una cárcel de cinco estrellas, llena de privilegios, como es Punta Peuco.

En este recinto los ex funcionarios de Pinochet cuentan con habitaciones individuales, habilitados con living, cocina y ducha. Cada cuarto tiene una cama de una o una plaza y media junto a un baño. No solo eso. Son los únicos presos del país que tienen el privilegio de ingresar electrodomésticos, equipos de radios, televisores con acceso satelital y computadores. Ni hablar de las mesas de pin pon, canchas de tenis y multicanchas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado los privilegios con los que viven los criminales del régimen militar. Sin embargo, el gobierno de Bachelet que prometió cerrar la cárcel en septiembre no lo hizo. Presionado por la derecha reaccionaria pinochetista y por los familiares de los criminales, el gobierno mantiene abierta la decisión.

Por otro lado, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, ya ha afirmado en varias ocasiones que no se debe cerrar Punta Peuco, sino que por el contrario, lo que se debe hacer es eliminar los privilegios que tienen. Como posible alternativa ha propuesto construir una cárcel especial para los presos de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? ¿Para que los privilegios de Punta Peuco se trasladen a otro recinto? Es probable que los defensores de la herencia de Pinochet retornen al gobierno en 2018 y no van a permitir que se cierre el recinto penitenciario.

Resulta inaceptable que después de 27 años de retorno a la democracia todavía los militares que asesinaron y desaparecieron militantes de izquierda y luchadores sociales sigan teniendo privilegios en cárceles construidas para ellos. La impunidad con que se han mantenido criminales del régimen militar en democracia se explica por la subordinación de los gobiernos de la Concertación a las presiones de la derecha y las FFAA. Tanto la derecha como la Concertación se enriquecieron y prosperaron con el modelo económico heredado de Pinochet. Las recientes “cocinas del Senado” de las reformas tributaria y laboral constituyen una muestra de aquello.

No habrá justicia para los familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos si no se avanza en medidas mínimas como el cierre del Penal Punta Peuco. La Nueva Mayoría muestra sus contradicciones, cuando se hablaba del cierre del penal y ahora nadie sabe nada. Y Piñera se saca la máscara y se cuadra con la familia militar y la derecha pinochetista. Esa esa es la derecha del piñerismo, por más que intente mostrarse diferente a José Antonio Kast.

Frente a esto somos claros. Si queremos avanzar en un juicio y castigo a TODOS los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en dictadura, tanto civiles como militares, el cierre de Punta Peuco es un paso mínimo, básico, elemental, para caminar hacia esa perspectiva.

*Candidato a diputado anticapitalista e independiente por el distrito 10.

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