La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, Argentina, difundió un comunicado en el cual denuncian los intereses existentes sobre los bienes naturales del territorio mapuche por parte de los gobiernos nacionales y provinciales, lo cual estaría dando lugar a una “nueva campaña del desierto” contra estos pueblos originarios.

“Los hechos que vienen sucediéndose en  un marco de creciente represión desde la desaparición del ciudadano Santiago Maldonado hace 50 días, pone en evidencia los intereses existentes sobre los bienes naturales en territorio mapuche por parte de los gobiernos tanto nacionales como provinciales. En esta nueva campaña al desierto se cuenta con medios de comunicación de alcance nacional que han instalado la manipulación mediática constante para desinformar a la sociedad argentina demonizando nuestros reclamos como pueblos y pretendiendo instalar irresponsablemente, en muchos casos desde los propios funcionarios del gobierno una imagen distorsionada de la problemática”, expresa el comunicado.

Los declarantes añaden que “las corporaciones, los privados y el propio estado avanzan en distintos puntos de Argentina generando un lamentable retroceso en materia de aplicación concreta del derecho colectivo reconocido constitucionalmente. La falta de voluntad de los representantes ante el congreso nacional de tratar la prórroga de la Ley 26.160 es coincidente con esta política pública nacional de desconocimiento de los derechos indígenas, al menos por una gran parte de quienes nos representan”.

Por ello, las comunidades advierten acerca de “las serias consecuencias que traería aparejada la falta de aprobación de la correspondiente prórroga, vendrán a agravar la ya delicada situación de nuestras comunidades a lo largo del país,  hostigadas brutalmente por los poderes judiciales provinciales ordenando los múltiples desalojos que se suceden cotidianamente en nuestros territorios en clara violación de esta Ley”.

En ese sentido, apuntan a “la clara incapacidad o decisión de las autoridades nacionales de trabajar seriamente sobre los problemas de fondo, creando mecanismos eficaces para cumplimentar las acciones ya encaminadas como la finalización de los relevamientos territoriales, profundizan la mora de un estado que tiene la obligatoriedad de cumplir con sus compromisos constitucionales de resguardar nuestros derechos”.

La declaración señala, finalmente, su solidaridad “con el pueblo Mapuche, que padece los embates represivos más cruentos, sin dejar de mencionar que esto es parte de una realidad que  padecemos a lo largo de todos nuestros territorios y hacemos  un llamado a la movilización permanente de nuestras organizaciones en alianza con las organizaciones que luchan en defensa de sus derechos laborales, culturales y de género, que son víctimas como nosotros de este modelo que nos oprime”.

No more articles