Tal como lo anticiparon distintos expertos y abogados, la judicialización que trae consigo la implementada Reforma Laboral se hará efectiva a partir de esta semana, específicamente el día lunes, fecha en que vence el plazo para que los sindicatos de las denominadas “empresas estratégicas” presenten sus descargos ante la Corte de Apelaciones, por no tener derecho a huelga en los próximos dos años.

Según consigna un reporte de radio Universidad de Chile, el pasado 1 de agosto, los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa concedieron esta categoría a 102 empresas, ubicadas en los rubros de servicios básicos, eléctrico, sanitario, gas, y algunas encargadas de oleoductos y centros de diálisis.

Tras la decisión, catorce sindicatos anticiparon que si no son acogidas sus reclamaciones por parte de la justicia, recurrirán al Tribunal Constitucional, y no descartan apelar a organismos internacionales para recuperar el derecho a la huelga. Uno de los más duros contra esta resolución es el abogado constitucionalista Hernán Bosselin, quien en representación de los 14 sindicatos, calificó que la decisión de dejar sin un derecho fundamental a trabajadores de 102 compañías es “inconstitucional”.

“Esa disposición del Código del Trabajo ha sido interpretada de manera amplísima, en términos tales que niegan ejercer el derecho a huelga que está reconocido en la Constitución y en tratados internacionales. En consecuencia, los ministros de Estado han infringido la Constitución y violado conversiones que resguardan y protegen el derechos a paralizar”, explicó Bosselin a la radio universitaria.

En tanto, el abogado Hernán Briones indicó que la resolución no está de acuerdo con la realidad económica de las empresas, ni se ajusta a la Constitución ni a la Reforma Laboral. El experto advirtió también que la norma que dictó la nómina de empresas estratégicas no estaría bien fundada, pues no contiene suficientes argumentos y deja en evidencia “claras contradicciones”.

En ese sentido, Briones desestima que las 102 empresas en la lista sean efectivamente estratégicas. A su juicio, el Gobierno trató de defender a “enormes empresas, normalmente en manos extrajeras, que tienen enorme capacidad para presionar y generar mercados monopólicos y oligopólicos”, usando la nueva reforma laboral en desmedro de las clases trabajadoras.

CTC huelgaLas razones de los trabajadores

En otra situación paradójica, el presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Empresas Eléctricas, Félix Medina, denunció que prácticamente todas las compañías de servicios básicos incluidas en la lista de empresas estratégicas, mantienen casi el 90% de su fuerza laboral con trabajadores subcontratados, los que sí tienen derecho a paralizar.

El escenario, según el dirigente, sería entonces absolutamente forzado, puesto que sólo el 10% de los trabajadores no podría paralizar. “El objetivo final, fuera de esta apelación, es dejar visible que la mayor labor que se hace en las empresas eléctricas en cuanto a mantenimiento y operación, están tercerizados, por lo tanto, todo apunta a que estos recursos lleven a internalizar nuevamente esta gran masa de trabajadores que tienen un empleo bastante precario, además de conseguir sentarnos a una mesa en igualdad de condiciones con el empleador y no sólo por condiciones económicas, sino que también sociales que se han ido perdiendo”.

Por su parte, el presidente del sindicato de trabajadores de la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol), Marcos López, añade que es paradójico que durante la dictadura estas empresas no fueran consideradas como estratégicas y ahora sí: “Cuando estuvimos en dictadura no éramos estratégicos, y en este último tiempo hemos sido clasificados de esta forma. Creo que hay manos e intereses económicos que son los que priman, ya que actualmente la compañía está  capacitada para suplir labores, pues se encuentra automatizada desde el 2000; y también existe gente que no pertenece al sindicato y que puede manejar perfectamente la compañía cuando se estime conveniente, no hay problema en eso”, aseveró.

Así, todo indica que hasta este lunes se espera una verdadera avalancha de recursos de sindicatos para revertir la prohibición de huelga. Mientras, el Gobierno anunció que hará valer los dictámenes de la Contraloría y las regulaciones sectoriales para defender su postura ante la Corte de Apelaciones.

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