EDITORIAL

Nuestra batalla es también semanal

Durante los últimos meses y semanas se ha instalado un nuevo escenario en el cual el periodismo independiente ha quedado doblemente arrinconado: bajo el peso del poder económico que financia a los medios tradicionales y por las legislaciones que intentan mantener las actividades políticas y empresariales ilegales en la oscuridad y en la impunidad. Pese a todos los obstáculos, hemos decidido dar la batalla.

6 May, 2016 11:05
#Editorial, #Portada

semanarioEn tiempos muy revueltos para la política, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, la función de la prensa adquiere un papel cada día más relevante. Pese a la expansión de las redes sociales y otras formas de comunicación digital, los medios mantienen su rol como el canal más relevante y reconocido para organizar los flujos de la información y construir la realidad política y social.

Esta función, sin embargo, ha estado sometida, por un lado, a fuertes distorsiones, y a no menores presiones. Las distorsiones las provoca la concentración de la propiedad y los intereses corporativos y comerciales sobre los medios y sus contenidos; las presiones, en tanto, vienen desde las elites en el poder, desde todas sus variantes, financieras, industriales y extractivas, culturales y políticas. Desde este tejido de poderes se ha acotado durante largas décadas la función de la prensa en un proceso permanente y creciente. Desde la dictadura hemos presenciado y padecido una aparente libertad de expresión: los medios en manos de un puñado de grandes consorcios vinculados a las redes de poder han controlado los contenidos del mismo modo que en otros sectores los monopolios productivos controlan los mercados. Si en la economía unas pocas manos manejan la producción, distribución y las ventas, en las comunicaciones un duopolio y unos pocos más controlan la elaboración y circulación de los mensajes y las ideas. Desde aquí se dice en qué pensar y cómo pensar, lo que los ha convertido en una herramienta fundamental para la consolidación del modelo político y económico que beneficia a las elites.

Vivimos una época de extrema complejidad. Un momento histórico que se caracteriza por el deterioro de las instituciones y por la expresión abierta de grandes contradicciones al interior de todo el sistema político y económico. El mismo proyecto de desarrollo (neoliberal en lo económico, conservador en lo cultural y autoritario en lo político), adoptado por las elites gobernantes desde hace ya varias décadas, está no sólo paralizado sino que sufre, como nunca desde sus orígenes, de un repudio generalizado. Un modelo que vive una profunda crisis tanto en sus planos económicos, con una economía estancada y escandalosamente desigual en su creación de riqueza,  como políticos, tapados por un torrente constante de casos de corrupción.

Este proceso apunta a su continuidad y extensión. Un movimiento progresivo que enfrenta hoy de manera abierta a la ciudadanía con una elite atrincherada en la defensa de sus espacios de poder, actitudes que se expresan desde la desinstalación de las reformas iniciales por la Democracia Cristiana hasta los requerimientos ante el Tribunal Constitucional por parte de una derecha furibunda y fundamentalista. Una reacción desesperada y oculta que apunta directamente contra las demandas de gran parte de la población. Es así como podemos observar a unas elites que toman decisiones y legislan en el sentido opuesto a los reclamos de la población.

En medio de estas tensiones, de esta brecha entre representantes y representados,  la clase política y el gobierno ha venido desmantelando el discurso programático  levantado el 2013, promesas hoy incumplidas que lograron durante un tiempo descomprimir las presiones ciudadanas. Si ésta ha sido la característica desde el 2014, a partir de ahora esta dinámica, que mantiene el statu quo económico neoliberal como política de Estado, suma una regresión política hacia espacios autoritarios que creíamos superados. Proyectos como la detención por sospecha, que apunta a mantener bajo control y en permanente amedrentamiento a la población, o nuevas y más duras sanciones a los medios de comunicación, son un claro indicio de decisiones tomadas por la elites en poder para apuntalar una institucionalidad que se cae a pedazos.

Durante los últimos meses y semanas se ha instalado un  nuevo escenario en el cual el periodismo independiente ha quedado doblemente arrinconado: bajo el peso del poder económico que financia a los medios tradicionales y por las legislaciones que intentan mantener las actividades políticas y empresariales ilegales en la oscuridad y en la impunidad.

Desde hace más de diez años hemos cumplido nuestra función como un medio de comunicación que canaliza las demandas de la ciudadanía. Reivindicaciones como el matrimonio igualitario, la legalización del consumo de marihuana o la despenalización del aborto han sido banderas que hemos levantado desde nuestros orígenes, las que hoy, pese a los matices y obstáculos, están en la primera línea de la agenda pública.  Hoy, cuando vemos la regresión autoritaria contra la ciudadanía y los medios de comunicación, creemos que es el momento de pasar a una nueva ofensiva. Es por ello que junto a la relevante presencia de nuestra web, aumentaremos nuestra presencia en las calles en una edición semanal de El Ciudadano. Pese a todos los obstáculos, hemos decidido dar la batalla.

El Ciudadano
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