Los grupos fundamentalistas,  amplificados en la representación parlamentaria por los resabios del sistema binominal, han dado un nuevo golpe a los derechos de las mujeres y al avance de los procesos sociales. Infiltrados en la misma coalición de gobierno, las fuerzas conservadoras han dado un revés al proyecto de aborto terapéutico en 3 causales, que tras sufrir mutilaciones durante su paso por ambas cámaras, ha sido frenado en su tercer trámite en la Cámara de Diputados. Los insuficientes votos a favor de parlamentarios de la propia Nueva Mayoría impidieron su despacho y lo llevarán a una Comisión Mixta, que aumenta ciertamente los grados de incertidumbre.

 

Este no es el último obstáculo que sufrirá el proyecto. Aun cuando se apruebe próximamente, Chile Vamos, que ha mantenido una activa campaña en sus medios de comunicación afines y a través de ONGs conservadoras, ha anunciado que acudirá (¡una vez más!) al Tribunal Constitucional, reserva no sólo del pensamiento más retrógrado sino evidente enclave de la política y cultura dictatorial. Un proceso que se verá acentuado tras el cambio en la presidencia. A partir del próximo mes, y según acuerdos establecidos el 2015, Carlos Carmona le entregará la presidencia a Iván Aróstica, un declarado conservador nombrado durante el gobierno de Sebastián Piñera. La impugnación del proyecto de aborto terapéutico ante el TC por Chile Vamos cuenta con esta carta ganadora.

 

Estamos en pleno siglo XXI sobre un torrente de cambios sociales que se suceden a velocidades nunca antes observadas. Pese a ello, o tal vez como una consecuencia de ello, aquellos grupos religiosos, sectarios y fundamentalistas sobrerrepresentados en el Congreso ponen otra vez más una traba a la historia. Aquellos mismos que se han opuesto durante las últimas décadas con tenacidad a la educación sexual en los colegios, al mismo divorcio, al uso y distribución del condón como medida de prevención para el VIH o al matrimonio homosexual, ahora impugnan con pasión el proyecto de ley de aborto en tres causales.

 

Mientras más avanza la demanda por libertades de la sociedad civil, los sectores más retrógrados ejercen presiones proporcionales en el sentido contrario, generando una enorme contradicción que tensiona a la sociedad chilena. Por un lado organizaciones y grandes masas que reivindican modos de vida libres de ataduras religiosas y sectarias, en tanto en sentido inverso una elite pequeña y fundamentalista pero aún poderosa intenta ejercer un control sobre las conciencias a modo de control social.

 

Las presiones de estos sectores son equivalentes en su desproporción y despropósitos a todos los desequilibrios y distorsiones que existen en otras áreas públicas y privadas, las que son una derivación de la extrema concentración del poder, de la falta de verdaderos representantes políticos y de una real democratización de las instituciones. En este escenario sesgado, discontinuo y desigual, un puñado de fundamentalistas pechoños tienen tanto poder de influencia como millones de personas, por lo que asistimos a una situación de extrema gravedad y preocupación que podría perpetuar una condición impuesta por la dictadura de claros tintes autoritarios y sectarios. En efecto, la prohibición total y absoluta en Chile, sólo compartida por un puñado de otros países con regímenes que mantienen una línea confusa entre la religión y el Estado, fue concebida y decretada por el gran mentor de la dictadura, el inefable mártir de la derecha Jaime Guzmán.

 

Aun cuando una espuria Comisión Mixta o un impresentable Tribunal Constitucional rechacen el proyecto de aborto terapéutico, no lograrán obstaculizar los procesos sociales ni la liberación de derechos secuestrados por el patriarcado.

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