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En el marco del análisis y revisión de la iniciativa del ejecutivo que pretende poner en marcha el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre sostuvo frente a la comisión parlamentaria de esa área que los profesores deben certificarse obligatoriamente para poder ejercer el quehacer pedagógico en todos los colegios que reciben algún tipo de subvención estatal.

La tipificación para aquellos profesionales que ingresen al sistema educacional comenzará a regir desde el año 2016 y los niveles que contemplará serán Inicial, Temprano, Avanzado, Superior y Experto. En los casos de los profesores que ya estén trabajando en esa fecha, la manera de categorizarlos será según el conocimiento que se tenga de ellos. Ahora bien, cuando no exista información respecto a esos profesionales que están trabajando en el sistema municipal, por defecto quedarán encasillados en el nivel Inicial

Aclaró que, por defecto, cuando no exista información, los profesores que están en ejercicio en el sistema municipal serán encasillados en la categoría Inicial, asunto que se hará extensivo a los profesionales de los colegio particulares subvencionados que se irán incorporando a partir del 2018.

Con lo anterior, Eyzaguirre descarta el hecho de que esta medida sea una suerte de mecánica de despido a los profesores que están, especialmente, en la etapa inicial, considerando que la limitación en la entrada de profesionales nuevos a través del certificado de evaluación empezará a regir desde el año 2025.

El ministro afirmó, además, que la certificación se hará material para entrar a la carrera docente si en el establecimiento en donde se desempeña es obligatoria cuando esa persona postuló: “Estamos hablando de los profesores nóveles, aquellos que salen de la universidad y no tienen certificación”.

El secretario de Estado dijo también, que la manera de pensar esta iniciativa era implementándola progresivamente y permitiendo un tiempo de transición para que las universidades mejoraran la calidad en sus escuelas de pedagogía, se actualizaran y estuvieran sujetas a los nuevos estándares de calidad propuestos por el Mineduc.

Ahora bien, frente a lo anterior y este ambicioso andamiaje regulador que pretende certificar a los profesionales nuevos y modernizar a los ya en ejercicio, la voluntad del ejecutivo pareciera obviar algo sumamente importante, quizá lo más trascendental dentro de toda esta ecuación: qué tipo de estudiante, qué tipo de ciudadanía, qué tipo de sociedad queremos formar. Porque a la luz de los hechos que nos demuestran el estado actual de las cosas, el escenario social que habitamos pareciera ser un pobre espacio en donde vivir, sujeto al éxito fácil, la competencia descarnada y la falta de sentido colaborativo con los otros y otras. Quizá cuando se piense sesudamente qué tipo de país queremos, recién ahí todas las medidas de certificación y evaluación resulten efectivas.

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