Entrevista a Milton Romani

“Padre” de la regulación del mercado de cannabis en Uruguay: “Uno de los objetivos es quitarle el negocio al narcotráfico”

El doctor Romani, conocida figura política durante los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, es también reconocido como el padre del proceso de regulación del mercado ilegal del cannabis en la República Oriental. El modelo uruguayo destaca por la participación del Estado como instancia reguladora, que saca del mercado a los proveedores ilegales propios del narcotráfico. Pese al completo rol del Estado, el psicólogo no se cierra a la incorporación de privados a esta actividad.

El psicólogo uruguayo Milton Romani ha sido Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de su país y embajador ante la OEA entre 2012 y 2015. Hoy es considerado pionero de la política de descriminalización del uso de la cannabis y padre de la Regulación del Mercado de Cannabis en Uruguay.

El doctor Romani es, sin duda, el principal impulsor a nivel mundial del cambio de paradigma en relación a las políticas prohibicionistas que rigen en la actualidad al control de substancias, “las que no han dado resultados positivos en la problemática de las drogas”.

“Uno de los objetivos de la regulación del cannabis es quitarle el negocio al narcotráfico. En definitiva, hay una pregunta que se puede hacer toda Latinoamérica: ¿vamos a permitir que el negocio de las drogas siga siendo prerrogativa de un mercado capitalista salvaje del narcotráfico y apenas regulado por las agencias de represión, o lo vamos a colocar bajo el control del Estado o la empresa privada regulada?”, señala. Invitado por la Fundación Daya al III Seminario Internacional de Cannabis Medicinal, El Ciudadano sostuvo con Romani la siguiente conversación.

¿Por qué legalizar la cannabis para consumo recreativo?

​En Uruguay hemos sancionado la Ley 19.172 de Regulación y Control del Cannabis, que abarca el cannabis no medicinal, cannabis medicinal y cáñamo industrial. Se trata de modificar los mecanismos de fiscalización de sustancias controladas, y regular de otra forma el mercado ilícito que hoy es dominante en base a una concepción prohibicionista que tiene ya más de cien años y ha demostrado su acta de fracaso. El mercado actual lo regula la producción, distribución y venta de las organizaciones criminales organizadas y la acción represiva, de interdicción y aplicación de la ley penal. Este sistema regulatorio ha sido ineficaz, ineficiente y no humanitario. La criminalización de los usuarios y la guerra contra las drogas no es un daño colateral. Es un derivado de la lógica del sistema prohibicionista, de la criminalización y del aumento de la violencia promovida desde el Estado.

En Uruguay la posesión de cualquier tipo de drogas para uso personal, nunca estuvo criminalizada. La tenencia de una dosis razonable para uso personal no es causa de sanción penal desde el decreto ley 14.294 del año 1974. La marihuana es la sustancia de curso ilegal más consumida, aunque en materia de prevalencia, como muchos de nuestros países, está en cuarto lugar. Primero el consumo, incluido el problemático de bebidas alcohólicas, el tabaco, los psicofármacos (incluidos los antidepresivos) y luego el cannabis que registra entre un 9 y 11% de prevalencia. La tendencia de consumo de cannabis, como en toda la región y como en Estados Unidos, ha aumentado sensiblemente desde 2001.

El objetivo del mercado regulado es reducir los daños a partir de un cannabis más sano, acercar aún más a los usuarios de cannabis al Estado, crear un espacio seguro en términos de salud y ciudadanía. Uruguay considera que la nueva regulación del mercado a partir de este modelo impide al mercado del narcotráfico seguir acumulando ganancias y socavando los mecanismos de convivencia y seguridad ciudadana. Arrebatar ese mercado, respetando derechos humanos y libertades de todos, especialmente de quienes son usuarios de drogas, es el objetivo central de este modelo.

¿En qué consiste la regulación?

La regulación del mercado de cannabis tiene componentes muy precisos acerca del acceso legal a esta sustancia psicoactiva y ​de la fiscalización de tres modalidades para acceder al cannabis producido a partir de semillas que otorga el Estado.

Concretamente…

Las tres vías son ​autocultivadores, con hasta 6 plantas por hogar; clubes de membresía, que pueden tener entre 15 y 45 socios, y adquirentes en la red de farmacias autorizadas a razón de 10 gramos por semana y hasta un máximo de 40 gramos mensuales. Son vías excluyentes y es necesario estar registrado previamente en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Se realizó una licitación pública en la que concurrieron 22 empresas y de la que finalmente ganaron dos para producir, en terreno estatal, la marihuana oficial que se distribuirá en farmacias. El precio es fijado por el Estado, no es posible exhibir al público la marihuana y no es permitida la competencia de marcas o variedades de THC.

¿Cuál ha sido el efecto de la regulación del cannabis sobre el mercado ilegal?

​El primero es aquel orientado a la mejora de la seguridad y la convivencia ciudadana. La segunda es la promoción de la salud, fundamentalmente de los usuarios, pero también de la población en general, sobre todo aquella relacionada con los usuarios y el mercado de la marihuana. Asimismo, está la dimensión de la aplicación equitativa de las normas jurídicas.

Si bien es muy pronto para evaluar el impacto del modelo en el negocio del narcotráfico, la institución Monitor Cannabis de la Facultad de Ciencias Sociales, ha hecho cálculos sobre lo que significó el progresivo registro de usuarios al sistema. Es necesario decir que los usuarios se siguen registrando y hay en estos momentos más de 20.000 uruguayos y uruguayas que confían en la Ley y en el Estado.

¿Su legalización incide en el consumo y tráfico de otras drogas?

​La regulación del cannabis puede incidir en quebrar el mercado y segmentar la oferta de drogas más duras. Es lo que se conoce como efecto góndola: si no hay cannabis por diversas razones, pueden terminar ofreciendo otro tipo de drogas más nocivas. No estoy en condiciones hoy día de afirmar qué incidencia puede tener sobre el consumo de otras drogas. Lo que sí quiero reafirmar, nuevamente, es que hay más de 20.000 usuarios que no le compran, al día de hoy, al narcotráfico; y que esos usuarios tienen ya un vínculo diferente con el Estado. Llegamos de ot​ra forma para hacer prevención y estamos reduciendo daños.

¿Cómo participa el Estado y el mercado en este proceso?

​Es un modelo con fuerte presencia del Estado. En el campo medicinal y del cáñamo hay un creciente interés de las empresas privadas. Estamos en pleno proceso de allanar los problemas de índole sanitario para generar un pequeño polo de desarrollo económico y social importante.​

¿Cómo se regulará el consumo de cannabis para uso medicinal?

​Es un aspecto que está resolviendo el Ministerio de Salud Pública. Hemos estado muy atrasados, insólitamente en este campo; porque las resistencias al cambio son múltiples. La conspiración de las mentes rígidas de corte higienista terminan siendo funcionales a la gran industria farmacéutica, responsable de muchos avances, pero también de muchos errores de enorme daño. Los estándares de validación son excesivamente altos y muchas veces no tienen en cuenta que se trata de una variedad vegetal donde los más de 500 componentes de la planta en recetas magistrales responden a los diferentes grados o singularidades de cada paciente. Si ponemos los criterios fitosanitarios del tipo una enfermedad, un medicamento, y exigimos todas las pautas de máxima exigencia, a los únicos que estaremos favoreciendo es a la big pharma, no a los pacientes; a los grandes laboratorios, que por otra parte se manejan con precios inaccesibles. Hay una flexibilidad de salud necesaria para calmar las dolencias ya. No se trata de dispensar cualquier cosa, pero también promover un criterio de salud que admita la novedad de un compuesto que hasta hace pocos años estaba demonizado. Hoy, las buenas prácticas y la evidencia científica muestra la eficacia para diversas dolencias.

¿Cuál será el rol que cumplirá el mercado farmacéutico?

​Esto es un problema que va mucho más allá del cannabis. La industria químico farmacéutica, que mueve millones de dólares y está dentro de las primeras en el ranking de beneficios, no siempre está en consonancia con las necesidades y obligaciones de salud pública. El derecho a la salud, incluido en el tema cannabis, es un derecho que debe amparar el Estado, en responsabilidad compartida con la sociedad. El mercado, en cualquier plano, sigue la lógica de acumular la mayor cantidad de ganancias y extender lo más posible el consumo, es decir, tener cada vez más clientes. Es una lógica inevitable y hasta entendible de la empresa privada vinculada al mercado. En salud pública, precisamente, nos interesa limitar lo más posible el mercado de consumidores de medicamentos y desplegar estrategias de atención primaria de salud que nos coloque siempre en el terreno de la salud y no de la enfermedad. Por ello, el Estado y la sociedad deben regular los mercados, en especial el mercado de las sustancias controladas y de todos los medicamentos. Racionalizar su uso, prevenir y proteger los mecanismos de prescripción médica, anular la promoción publicitaria, muchas veces irresponsable que hacen los laboratorios, y promover una vida sana en varias dimensiones.

El Ciudadano
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