Un conjunto de activistas y personas viviendo con VIH/SIDA que se atienden en diversos hospitales del país presentó una reposición del Recurso de Protección interpuesto el pasado 30 de agosto en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Ministra de Salud, Carmen Castillo, y del Jefe del Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA, Edgardo Vera.

En menos de 24 horas, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los ministros Carlos Gajardo, Leopoldo Llanos y la abogada integrante María Cecilia Ramírez, desestimó el reclamo porque lo solicitado “excede las materias que deben ser conocidas por el presente recurso”. Por tal razón, dentro del plazo legal, los activistas repusieron el Recurso de Protección que busca proteger “derechos vulnerados que se encuentran amparados por el artículo 20º de la Constitución, al incluir dentro de las garantías constitucionales protegidas el derecho a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y no discriminación, la protección a la honra y la vida privada, así como la protección a la salud consagrados respectivamente en los numerales 1º, 2º, 4º y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile”.

La Ministra de Salud rompió el silencio señalando a la prensa: “Las agrupaciones que están haciendo esta denuncia tienen mucha desinformación y creo que deberían acercarse más a nosotros para aclarar el tema. Ahora, judicializado el caso, nosotros tenemos que asumir lo que significa y daremos respuesta por la vía en que ellos en este momento están haciendo la denuncia”.

El Recurso de Protección

La acción judicial busca la detención de la aplicación del nuevo modelo de Atención Integral en VIH/SIDA que incluye el traslado de personas seropositivas que se atienden regularmente en hospitales de alta y mediana complejidad a la atención primaria de salud o consultorios, algunos de ellos dependiente de las corporaciones municipales.

El anuncio del traslado se oficializó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el 31 de julio, oportunidad que se analizó el alarmante aumento de casos de VIH/SIDA en el país. La decisión ministerial ha sido difundida en reuniones de importantes autoridades ministeriales y de organismos internacionales como la Organización Panamericana de Salud OPS/OMS. La determinación no ha sido previamente consultada ni informada a las comunidades afectadas como dispone actualmente la Ley de Sida y la misma Ley de Derechos de los Pacientes.

En el documento los recurrentes manifiestan la decisión ministerial “constituye una arbitrariedad en tanto no ha sido consultada la población de personas viviendo con VIH, sin considerar necesidades, sin ponderar los riesgos que esta decisión conlleva para los derechos de este grupo de personas y sin establecer información adecuada respecto a la implementación de esta decisión”. Del mismo modo, el Recurso de Protección sostiene que el Estado tiene la obligación a través del Ministerio de Salud de “desarrollar políticas públicas dirigidas a la prevención, control y tratamiento del VIH/SIDA respetuosas de los derechos fundamentales” de las personas, asegurando un entorno “libre de discriminación, resguardando el derecho a la vida e integridad física y psíquica” y desarrollando dichas políticas en forma conjunta con la comunidad, lo cual no ha ocurrido con el diseño e implementación de este modelo.

Falta de profesionales

La acción legal denuncia una serie de falencias estructurales que hacen inviable la puesta en marcha de esta política pública, tales como la escasez de profesionales y recursos financieros en la atención primaria de salud que pone en riesgo la calidad del servicio y sus sostenibilidad. “Los profesionales de la salud en nuestro país presentan un conocido déficit de especialistas. Dicha escases es patente ya en los centros de atención terciaría de la red de salud nacional (hospitales) los cuales, actualmente, atienden a las personas viviendo con VIH/SIDA”, evidencia el documento.

“Los especialistas están ausentes en los centros de atención primaria. Las personas viviendo con VIH/SIDA requieren de cuidados especiales provenientes de médicos infectólogos, especialidad que en Chile sólo poseen pocos doctores y doctoras, de este modo trasladar a las personas viviendo con VIH/SIDA a centros atención primaria de salud atenta contra una adecuada protección a su derecho a la vida e integridad física y psíquica por parte del Estado de Chile”, expresan los recurrentes.

Los recurrentes del Recurso de Protección en contra de la Ministra de Salud, Carmen Castillo y el Jefe del Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA, Edgardo Vera, son activistas y personas viviendo con VIH/SIDA que se atienden en diversos hospitales de Santiago (San José, Lucio Córdova, Salvador) y regiones (Antofagasta, Talca, Chiloé). Se trata de Elayne Leyton (Antofagasta), Michael Díaz (Talca), Willy Morales (pueblos originarios de Chiloé) y Luis Bustamante, César Herrera, Diego Zamora, Víctor Parra, Marco Ruiz y Víctor Hugo Robles de Santiago.

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