Un fiscal argentino pidió que la ex presidenta Cristina Fernández declare como investigada en el caso del presunto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994, abierto por la denuncia que presentó en 2015 el procurador Alberto Nisman, días antes de morir.

Gerardo Pollicita solicitó al juez Claudio Bonadio, encargado del expediente, que cite a declarar, entre otras doce personas, a la ex mandataria (2007-2015) y a quien fuera su canciller Héctor Timerman, para quienes requirió el bloqueo general de bienes preventiva y la prohibición de salir del país.

En un dictamen de más de 250 páginas, el representante del Ministerio Público Fiscal los acusa de una “grave violación a los derechos humanos al resultar configurativa de un encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse el hecho precedente de un delito de lesa humanidad”.

Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal de la investigación del atentado contra la AMIA -que dejó 85 muertos y sigue impune-, y creía que un acuerdo firmado en 2013 entre Argentina e Irán para investigar conjuntamente el atentado buscaba en verdad encubrir a los sospechosos para favorecer el intercambio comercial, algo que la ex mandataria y su entorno siempre han negado.

“El accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior Gobierno, puntualmente por la ex presidenta y el ex ministro, quienes a su vez contaron con la colaboración activa de distintos funcionarios públicos”, remarcó Pollicita en su dictamen.

El fiscal apunta a que la “maniobra” investigada requirió de “canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales” y señala que el acuerdo con Irán pretendía que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados fueran “removidas, suspendidas o morigeradas”, por lo que las circulares rojas emitidas por Interpol para 5 de los 8 imputados “ya no tendrían razón de ser”.

Ese memorándum nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.

Tradicionalmente, la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá la planificación del atentado, que fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, que también sigue sin esclarecer.

Más de dos décadas después del ataque a la AMIA, nadie cumple condena por lo sucedido: solo en un proceso se juzga a 12 personas, entre ellas el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), por numerosas irregularidades detectadas en el primer juicio abierto por el atentado, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías acusados.

El listado de imputados por el ataque lo integran también varios ex altos funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani -fallecido en enero pasado- y el ex ministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí, pero hasta ahora Irán no ha colaborado con su extradición a Argentina.

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