A las 9 horas del jueves 19 de octubre, en la Corte Suprema se inician los alegatos por un recurso presentado por dos comunidades diaguitas y más de 60 habitantes afectados tras la destrucción de la Planta de Tratamiento de aguas contaminadas de Barrick, hecho ocurrido en junio de 2016.

El recurso solicita la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Pascua Lama, “a que el valle y sus habitantes están en riesgo por contaminación permanente, ahora tras el episodio de la destrucción de la planta de tratamiento pero sobre todo porque está comprobado que el sistema de manejo de aguas y su Planta de Tratamiento son incapaces de tratar las aguas contaminadas por el proyecto”, explican los denunciantes.

Los recurrentes acusan una “serie de acciones e ilegalidades cometidas por la empresa una vez ocurridas las avalanchas y que se destruyó la Planta de Tratamiento de Aguas de contacto, así como de contaminaciones en el Patio de Residuos Peligrosos y Patio de Combustibles y la amenaza de una afectación nuclear tras la afectación de dos densímetros nucleares en las faenas”.

Además afirman que entregarán pruebas sobre la “imposibilidad que tiene el proyecto de tratar las aguas de contacto (contaminadas) y por tanto de no contaminar finalmente este vital elemento, demostrándose con ello la inviabilidad del proyecto así como nuevos incumplimientos a la RCA que quedaron a la luz”.

Pero no solo asignan responsabilidades a la trasnacional, también apuntan a la Superintendencia del Medio Ambiente “por no cumplir con su misión de resguardar el medio ambiente y la salud de las personas, ya que tras el inicio de su primer proceso sancionatorio en el año 2013 al proyecto, no ha sido capaz de resguardar de contaminación y riesgo a la salud de la población del Valle del Huasco”.

En tanto, los dardos a la Comisión de Evaluación de Atacama se fundamentan –según explican– por la aprobación de “a modificación de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Pascua Lama por medio de la Resolución N° 094, la cual ha elevado los parámetros de metales pesados y químicos autorizados en el agua, legalizando la contaminación de Pascua Lama y permitiendo que los episodios de contaminación queden ocultos”.

“Por medio del recurso las comunidades han comprobado cómo es que efectivamente este cambio realizado sirvió para esconder la contaminación provocada tras la destrucción de la Planta de Tratamiento, ya que tanto los organismos públicos como Barrick declararon que no hubo contaminación porque no se superaba la nueva línea de base de calidad de las aguas”, añaden los denunciantes por medio de un comunicado enviado a nuestro medio.

A lo largo de esta acción judicial, los denunciantes han contado con el respaldo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de expertos en toxicología y salud pública, como Andrei Tchernitchin, Aníbal Vivaceta y Esteban Hadjez, quienes analizaron la nueva línea base aprobada por la Comisión de Evaluación de Atacama, llegando a la conclusión de que “en caso que la Compañía Minera Nevada SpA cumpla con los límites establecidos en la nueva línea base aprobada por la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, los efectos a la salud de la población que vive en el sector de Chollay serían inaceptables, sin poder descartarse además el aumento del riesgo a la salud y consecuencias sanitarias que afecten a las personas aguas abajo del punto NE-8 ubicado en el río Estrecho-Chollay”.

El recurso será alegado por la doctora en Derechos Humanos Ana Karina Timm Hidalgo y las comunidades se harán presente con una Comitiva que viajara hacia Santiago. Las mismas están llamando a la solidaridad activa de los santiaguinos que apoyan al Valle del Huasco y su lucha contra la megaminería y Barrick Gold para que los acompañen el día jueves desde las 8:30 de la mañana.

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