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A un año del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, lideresa indígena integrante del Consejo Cívico de Organizaciones indígenas y populares de Honduras (COPINH), se vuelve a poner en tela de juicio la capacidad de los Estados para proteger a sus propios ciudadanos.

La lucha contra la imposición de la represa Agua Zarca en Honduras, se escuchó el grito de auxilio hace un año. No solo de Berta, quien debía tener medidas de protección a su favor del Estado hondureño dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también de Gustavo Castro, quien es el único testigo de lo que ocurrió en esos instantes en que la vida de una mujer defendió la naturaleza con su propia vida.

Actualmente, “hay ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de ellos son militares hondureños, quienes habrían actuado de sicarios a favor de los intereses empresariales hidroeléctricos que involucra una alianza comercial para construir cuatro represas hidroeléctricas”, señalan en un comunicado desde el COPINH, y aclaran que “en el centro de este problema está la impunidad”.

La lucha era grande. Al frente estaban la compañía china Sinohydro (la mayor compañía constructora de represas del mundo), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). “A un año de su siembra, Berta vive”, aseguran.

De las ocho personas detenidas que están relacionadas con el asesinato de Berta y el intento de homicidio de Gustavo Castro, “hay miembros del ejército hondureño y militares retirados, así como trabajadores de la compañía DESA, responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que COPINH se opone desde hace años y que ha sido una de sus luchas más conocidas. Sin embargo, a pesar de haber detenido a los presuntos autores materiales, el asesinato de Berta permanece en la impunidad.

También denuncian que “hay por lo menos dos altos funcionarios en el mismo Ministerio Público con vínculos a la aprobación del proyecto Agua Zarca frente lo cual Berta y COPINH han estado en resistencia, por lo cual se ha cuestionado la voluntad política de este organismo de llevar a cabo una investigación plena e imparcial”.

Pese a las numerosas irregularidades denunciadas en el proceso judicial para esclarecer cómo y quiénes asesinaron a Berta, la falta de transparencia en la investigación continúa, toda vez que el caso permanece bajo secreto sumario, “en lo que se podría considerar una pretendida ineficacia para tapar que los verdaderos responsables se mueven en las altas esferas del país”, denuncian desde COPIHN.

Sin embargo, los intentos por acallar la voz de Berta, su liderazgo y el proyecto político de defensa del territorio no surtieron efecto, pues a un año de este crimen, “aún hay Berta Cáceres, su legado de compromiso, resistencia y claridad siguen vigentes y vivos en los pueblos que en todo el mundo enfrentan las amenazas del capitalismo salvaje, del patriarcado, y de este sistema predador, racista y colonial”, sostienen en el comunicado.

Berta es un botón de muestra de los 120 activistas ambientales asesinados y asesinadas en Honduras tras el Golpe de Estado de 2009 que profundizó los proyectos extractivos.

La declaración firmada por diversas organizaciones de América Latina manifiesta que “celebramos la vida y nos solidarizamos con las personas, comunidades y movimientos sociales en Honduras que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y la vida en un contexto de grave crisis de la democracia tras el golpe de estado del 2009 y que están en pie frente a las crecientes amenazas a las comunidades y territorios.

Otro asesinato impune
makarena-valdesEn Chile también se viven procesos de resistencia a la imposición de proyectos extractivos, y por ende, diversas comunidades han debido enfrentar las estrategias de criminalización que desde las oficinas de comunicaciones o de las empresas se planifican.

Uno de los casos más graves y recientes, es el asesinato de la dirigenta Macarena Valdés, quien en Tranguil, región de Los Ríos, resistía la imposición del proyecto hidroeléctrico de la austro-chilena RP Global Chile Energía Renovable S.A. que contemplaba la instalación de las antenas de alta tensión en el terreno donde vivía Valdés y su familia.

La comunidad constató previamente algunas amenazas a la dirigenta y su muerte se enmarcó en la escalada del conflicto. Tras un corte de ruta realizado el 1 de agosto, en medio del intento de RP Global de poner los cables de alta tensión, la Gobernadora de Valdivia agendó una reunión para resolver el conflicto. La instancia, sin embargo, según cuentan los asistentes, planteaba cuestiones generales y no se resolvió nada. “En este ambiente, el domingo 21 de agosto llegó al territorio un vehículo con logo y chofer de la empresa RP Global. En él iban dos hombres, Edgardo Jaramillo y Juan Luengo, quienes le exigieron a la lamngen Mónica Painemilla, dueña del terreno donde vivían Macarena y su familia, que les desalojara. La lamngen Mónica les respondió que ella estaba contenta con la familia, pero no la convencieron. Jaramillo y Luengo entonces, explícitamente, replicaron que algo muy malo podría pasarles a alguno de ellos si insistían en quedarse. Al día siguiente Macarena apareció muerta” (relato de Victoria Aldunate).

El martes 23 de agosto, Mónica fue a poner una denuncia por las amenazas de Jaramillo y Luengo, pero la PDI le dijo que como no era familia no podía realizarla. RP Global intentó nuevamente instalar los cables de alta tensión, ahora escoltados por efectivos del GOPE, Fuerzas Especiales de Carabineros y vehículos blindados. La casa de Macarena de luto, mientras iban a buscar su cuerpo, se llenaba de defensores del territorio que a empujones intentaban sacar a los trabajadores de RP Global. En ese marco, nuevamente se ordenó el retiro de la empresa. Así, se dio inicio al velorio y, al funeral el día 25 de agosto. Pero el 13 de octubre, la empresa volvió a la carga blindados por las fuerzas policiales y logró instalar los cables de alta tensión violando todas las leyes y los acuerdos políticos con las autoridades.

Hoy se denuncia la intensión de la fiscalía de cerrar la investigación sobre el asesinato de Macarena Valdés, y que el 7 de marzo de 2017 se informará oficialmente la intención de “NO PERSEVERAR” en la investigación.

Ante esta situación, la familia y la defensa de esta causa, emitió un comunicado en que se “reafirma la convicción de que Macarena Valdés Muñoz fue asesinada”, ya que no tenía razones para quitarse la vida como trataron de hacer parecer desde un primer momento. También manifiestan que la finalidad de este asesinato es “intentar causar temor en los movimientos sociales y de justa reivindicación de nuestro pueblo mapuche, reafirmado por las continuas amenazas que sufren nuestras lamngen hasta el día de hoy”; aclaran que se oponen “tajantemente al cierre de la investigación” ya que “es deber de la fiscalía realizar todos los esfuerzos por aclarar y despejar toda duda en un caso de asesinato, más aun en un hecho tan macabro como este”. Finalmente, cuestionan el informe de la autopsia y desacreditan al Sr. Enrique Rocco (profesional que firma los resultados de la autopsia), pues presenta una cantidad de incertezas que no permiten llegar a una conclusión, y también porque Rocco tiene antecedentes de firmar autopsias que no ha realizado.

Convocan a que se realicen manifestaciones de solidaridad el martes 7 de marzo de 2017 a las 9:30 hrs. en las afueras de las dependencias de los tribunales de justicia de Panguipulli, donde se opondrán al cierre de la investigación. Desde cada territorio invitan a sumarse en actos de solidaridad con la familia y la justicia.

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