Región del Maule

Contraloría destapa la olla en Teno: Detectan presuntos delitos de corrupción vinculados a obras

Informe constató que el director de Obras ejerció presiones indebidas en favor de empresa ligada a alcalde de Hualañé, y que la máxima autoridad de la comuna, Sandra Valenzuela, incumplió el deber de supervisar al involucrado y prevenir conflictos de intereses. Los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Local de Curicó.

La Contraloría Regional del Maule abrió un sumario en la Municipalidad de Teno tras descubrir un posible fraude al Fisco en relación con trabajos adjudicados por la comuna a la empresa constructora del alcalde de Hualañé, Claudio Pucher, verificando que la edil Sandra Valenzuela incumplió el deber de ejercer un control jerárquico permanente sobre la actuación de sus funcionarios.

Las conclusiones dan cuerpo al Informe de Investigación Especial Nº 833-2017 del 3 de noviembre, el cual ordenó compartir los antecedentes con el Ministerio Público atendida “la naturaleza y complejidad de los hallazgos pesquisados”.

La fiscalización tuvo por objeto indagar presuntas irregularidades en la Dirección de Obras de Teno, a cargo del arquitecto Sergio Espinoza Coya, y la intervención de éste en millonarias licitaciones otorgadas a la sociedad Dolmen Limitada, “pese al evidente conflicto de interés que cargaba al participar como profesional en la empresa Constructora e Inmobiliaria DEARQ Limitada, de propiedad de su cónyuge y del señor Claudio Pucher Lizama, socio de Dolmen”.

La Contraloría comprobó que Espinoza mantuvo una “incuestionable relación profesional” con Dolmen y DEARQ a lo largo del tiempo, y que además “participó activamente en diversas comisiones de evaluación de licitaciones y recepción de obras parciales y definitivas” de proyectos de Pucher, no obstante “el deber de abstención” que pesaba sobre él.

Se verificó además que el jefe de Obras concurría a los trabajos ejecutados por Dolmen “y que en razón de su posición jerárquica, intervenía en la ejecución y gestión de las obras, ejerciendo presiones indebidas e instrucciones en el desarrollo de las faenas, sobrepasando las determinaciones dadas por los ITOs (Inspectores Técnicos) responsables de ellas”.

El informe coligió a partir de ello que Espinoza mantuvo “un interés indebido en las obras a cargo del citado proveedor, lo que se aparta del recto ejercicio de la función pública y de la probidad administrativa”.

LAS “PEGAS” PARALELAS

La relación del funcionario con los negocios de Claudio Pucher ya había sido abordada en un reportaje de El Ciudadano en el mes de septiembre. Esta vez, la Contraloría no solo comprobó el nexo denunciado por este medio, sino que entrevistó a personas que dieron cuenta del complejo clima laboral que existía al interior de la Dirección de Obras de Teno, repartición que debía ser supervisada directamente por la alcaldesa Sandra Valenzuela.

Uno de los puntos del documento afirma que Sergio Espinoza, aprovechando su posición jerárquica, pedía a sus subalternos realizar diseños “a través del programa AutoCAD, en horario laboral”, de “proyectos de arquitectura que obedecían a trabajos particulares de él, ofreciéndoles un pago asociado, cuestión que en la práctica nunca ocurría”.

Uno de los afectados “jamás reclamó por temor a perder el trabajo, dado la jerarquía del DOM”. En este sentido, el informe recuerda que la ley Nº 18.883 establece “como una de las obligaciones especiales del alcalde y jefes de servicio, el ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia”, lo que en la práctica no sucedió.

En cuanto a los negocios paralelos de Espinoza, la Contraloría anotó que la empresa DEARQ Limitada, constituida por Pucher y quien fuera la esposa del director de Obras entre 1986 y marzo del 2016, “figura con domicilio comercial en calle Argomedo Nº 535, de la ciudad de Curicó, misma dirección comercial que el señor Espinoza Coya emplea en sus proyectos particulares que desarrolla”, según aparece en boletas de honorarios emitidas por el arquitecto a la Municipalidad de Molina durante el año pasado.

“Enseguida, es dable indicar que de las indagaciones practicadas en diversos municipios de la provincia de Curicó, también se pudo corroborar que el señor Sergio Espinoza Coya… gestionaba como profesional competente, diversos proyectos de arquitectura (de la empresa Dolmen de Pucher), cuyas solicitudes y permisos de edificación eran otorgados por las unidades municipales respectivas a nombre de la aludida firma”, hecho que ocurrió entre 2004 y 2011, agregó.

MULTAS IMPAGAS

Según determinan las bases de licitaciones adjudicadas por Dolmen, “uno de los documentos que el oferente debe presentar en su propuesta está el certificado del título del profesional o técnico de nivel superior del área de la construcción, quien se encontrará a cargo de la ejecución de la obra”.

Así las cosas, el profesional ofertado como responsable de la ejecución de esos proyectos en Teno era Héctor Aguilera Fuenzalida, constructor civil. Sin embargo, Contraloría comprobó que “la persona encargada de dirigir las obras durante su transcurso, era don Gerardo Pucher Lizama, socio de la empresa (y hermano del alcalde de Hualañé), quien no contaba con título como profesional competente relacionado con el área de la construcción”.

En tal sentido, un funcionario de la Dirección de Obras Municipales declaró que “nunca le llamó la atención la presencia de dicha persona en terreno y lo aceptó porque todos lo hacían así”. Además, afirmó que “nunca recibió alguna objeción al respecto por parte del DOM (Espinoza), a pesar que conocía la situación, y como él lo aceptaba entendía que todo estaba bien”.

“Lo anterior cobra relevancia en la especie, puesto que además del incumplimiento contractual de dicho proveedor, se verifica una inobservancia de la función del DOM, de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, entre ellas, que las edificaciones se ejecuten con un profesional competente, situación que compromete la responsabilidad del aludido servidor”, indicó el informe.

Dolmen también era favorecida con la “omisión de aplicación de multas por atraso, como acontece en la licitación ID 834259-5-LE16 (Paradero de Locomoción Colectiva de Comalle), lo que en consecuencia, se traduce, en un beneficio económico directo para el contratista, vulnerándose con ello los principios de toda propuesta pública de estricta sujeción a las bases y el de igualdad de los oferentes”.

ALCALDESA RESPONSABLE

Si bien la investigación concluye con la decisión de sumariar al municipio y enviar los antecedentes a Fiscalía ante hechos que podrían ser constitutivos de “delitos contenidos en los artículos 239 y siguientes del Código Penal”, por la parte administrativa se plantea que el jefe de Obras de Teno no podrá ser sancionado, ya que presentó su renuncia el 10 de septiembre.

Pese a esto, para el órgano fiscalizador quedó establecido que, más arriba de Espinoza, la alcaldesa Sandra Valenzuela incumplió sus deberes al no velar “por la observancia irrestricta del principio de probidad administrativa” sobre la actuación del ex Director de Obras, dada la extensa data de la relación que tenía con Pucher, quien ganó contratos por más de $220 millones.

El informe constató que la municipalidad no cuenta con mecanismos ni acciones para prevenir “eventuales conflictos de interés y faltas a la probidad administrativa que pudieren afectar a sus funcionarios, especialmente en sus actuaciones y decisiones, confirmándose la falta de instrucciones formales en la autoridad comunal y/o capacitaciones al personal de esa dependencia municipal”.

En su respuesta al preinforme, la máxima autoridad de Teno señaló que desconocía el vínculo profesional de Espinoza con Dolmen y las presiones que ejercía sobre otros funcionarios, y que respecto a la nula existencia de cursos anticorrupción, recién ahora, con motivo del caso denunciado, el municipio contactó al Centro de Emprendimiento de Talca para hacer una capacitación.

La Contraloría del Maule exigió que la autoridad comunal “arbitre, a la brevedad, las medidas conducentes a reforzar los procedimientos de control interno”, señalando que “procederá a instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su acción u omisión han permitido la ocurrencia de los hechos descritos”.

Matías Rojas El Ciudadano
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